Diputadxs de Nicaragua cancelaron a personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el organismo que orientó a la actriz argentina Thelma Fardín en su denuncia contra Juan Darthés. La medida fue posible gracias al voto favorable de la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, informó el portal NODAL citando a El Nuevo Diario.
El proyecto fue presentado este miércoles por el diputado sandinista Filiberto Rodriguez, a solicitud del Ministerio de Gobernación, argumentado que el CENIDH, junto otros organismos de Derechos Humanos «e han prestado a actividades que no corresponden a sus fines y han colaborado con los planes de intento de golpe de estado en los últimos meses en Nicaragua».
De esta forma, ya son cuatro los ONG que en las últimas dos semanas han sido despojados de su personería jurídica por los diputados sandinistas, que son mayoría en el Poder Legislativo, argumentando que todos forman parte de un intento derrocamiento del Gobierno de Daniel Ortega.
Según el ejecutivo nicaragüense, «el CENIDH desnaturalizó su personalidad jurídica al no actuar apegados a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron en organismo sin fines de lucro y por el cual se les había otorgado la personería jurídico».
En declaraciones al canal TN, la abogada Wendy Flores, que asesoró a Fardín en sus trámites ante la Justicia de Nicaragua explicó que desde el CENIDH «recibimos a víctimas que han sido lesionadas en sus derechos». «En el caso de Thelma, la recibimos porque nos remitieron su caso desde una ONG de la Argentina. Aquí nos contó lo que ocurrió cuando realizaba la última gira de la novela Patito Feo y los hechos que ocurrieron en nuestro país», añadió.
La letrada nicaragüense compañó el 3 de diciembre pasado a Fardin a la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público local. «Ella presentó en su relato lo que sufrió. Ahora le corresponde al Ministerio Público determinar qué elementos de prueba son necesarios. Son ellos quienes coordinan las diligencias con la Policía Nacional», narró.
Asimismo, Flores aclaró que por el momento «sólo se presentó una denuncia» por lo que Darthés recién «está en calidad de investigado». «El Ministerio Público fiscal es el que decide ir o no a un juzgado a partir de las pruebas», completó.
El delito de violación es sancionado en Nicaragua con penas que van de 8 a 12 años de prisión, que pueden extenderse a 15 en casos agravados.
