El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dictó sentencia en la causa conocida como Armada II, en la que eran juzgados 17 represores, acusadxs por 68 casos de secuestros, torturas y homicidios. Lxs jueces Luis Roberto Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu resolvieron condenar con prisión perpetua a uno de lxs acusadxs, absolver a otrxs seis y otorgaron penas de entre 18 y tres años y medio de prisión para otrxs 10, de los cuales cinco fueron excarceladxs por haber esperado el juicio detenidxs.
Durante el proceso judicial se investigaron los delitos que se perpetraron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la seccional de la Prefectura Naval en Ingeniero White y en la Base Naval de Punta Alta, en Bahía Blanca. En las puertas del Tribunal, organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas dijeron que el fallo fue «una porquería», calificaron como «desvergüenza» la resolución de lxs jueces y anticiparon que apelarán la sentencia. «Sentimos la misma impotencia cuando vemos a este partido judicial cómplice de estos delitos de Lesa Humanidad», sostuvo la legisladora Victoria Montenegro, presente en el lugar.
En la víspera, lxs integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, Miguel Ángel Palazzani, José Alberto Nebbia y Pablo Vicente Fermento habían pedido condenas de prisión perpetua para trece de lxs acusadxs y penas de hasta 25 años para otrxs cuatro. En conjunto con la querella a cargo de Mónica Fernández Avello, también habían requerido que se deje sin efecto las excarcelaciones para aquellxs acusadxs que habían llegado al juicio en libertad.
Según detalla el diario Contexto, tanto lxs fiscales como la abogada querellante habían pedido penas de 25 años para los represores Mario José Bisesio y Heberto José Rubattino; 12 años para Luis Oscar Conti; 16 años para Enrique de León; y perpetua para José Abdala Figueroa, Hernán Álvaro Hermello, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Carlos Enrique Lacoste, Alejandro Carlos Lorenzini, Carlos Alberto Louge, Francisco Manuel Martínez Loydi, Aristóbulo Nicanor Moreira, Emilio José Schaller, Miguel Ángel Torrá, Ricardo César Araujo y Sergio Araoz de Lamadrid.
Asimismo, pidieron que se contemplen como crímenes de Lesa Humanidad los delitos sexuales que Lorenzini, Louge, Quintana, Schaller, Torrá, Illa, Moreira, Araujo, Bisesio, Conti, Rubattino, De León y Araoz de Lamadrid cometieron en esos centros de detención.
En concreto, el único condendado a prisión perpetua fue el excapitán de Fragata y exjefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión, Sergio Aráoz de Lamadrid. Por su parte, el exjefe de la Compañía Pitón del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 1, Mario José Bilesio, recibió una pena de 18 años de cárcel, junto al exteniente de navío, Herberto José Rubattino.
Por su parte, el exjefe de Informaciones de la Prefectura, Francisco Manuel Martínez Loyde, fue condenado a 15 años de prisión. Las otras condenas fueron: 9 años para el exjefe de la División Contrainteligencia del Departamento Operaciones de la Base Naval de Infantería de Marina, Enrique de León; 8 años para el exsubjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora, Miguel Ángel Torrá; 6 años para el exsuboficial electricista de la Base Naval Puerto Belgrano, Luis Oscar Conti; 5 años para el exjede de Personal en el Batallón de Infantería de Marina 1, Carlos Enrique Lacoste, para el exayudante jefe de Inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina 1, Alejandro Carlos Lorenzini, y para el excapitan de Corbeta, Álvaro Hernán Hermelo.
Además, el excomandante segundo Emilio José Schaller fue condenado a 3 años y medio de prisión.
Fueron beneficiadxs con la absolución lxs excomandantes del Batallón de Comunicaciones Nº1, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa y Arturo María Quintana, además del exjefe de Operaciones, Aristóbulo Nicanor Moreira, y lxs excapitanes de Fragata José Abdala Figueroa y Carlos Alberto Louge. A esta lista deben sumarse las excarcelaciones de lxs imputadxs De León, Schaller, Lorenzini, Torrá y Hermelo.
La lectura del fallo
