El abogado de Beatriz Blanco, la mujer empujada con saña a la calle y gravemente herida. Apunta a Bullrich por el encubrimiento al interior de las fuerzas represivas. En diálogo con La Garcia por AM750.
Después de 250 días, la jueza María Romilda Servini le tomará declaración indagatoria a Pablo Alexis Aldama, el policía identificado como el agresor directo de la jubilada Beatriz Blanco en la dura represión del pasado 12 de marzo, donde fue empujada con saña a la calle, lo que le produjo una caída y un duro golpe a metros del Congreso, que quedó como testimonio más que gráfico de la violencia del Gobierno de Javier Milei.
Albor, se refirió a esta novedad en la causa y vinculó la demora en la investigación con el esquema encubridor que se abre desde la ministra Patricia Bullrich para abajo.
“Finalmente, luego de mucha lucha, luego de mucho encubrimiento por parte del Ministerio de Seguridad —algo a lo que nos tiene acostumbrado Bullrich desde los primeros momentos del Gobierno de Macri, recordarán la murga de la 1-11-14, ese fue el bautismo de fuego cuando golpearon a niños bailando en una murga— logramos la indagatoria”, comenzó señalando.
Y añadió: “Todo esto está de la mano. Acá para que haya un acompañamiento de las fuerzas represivas, el aparato estatal tiene que hacer un acompañamiento. Bullrich dijo que no iba a hacer un sumario administrativo. Pero no le quedó otra”.
En este punto, el abogado sostuvo: “Aldama sigue cada miércoles reprimiendo gente en la zona del Congreso. No se tomó ninguna medida, o no ha sido notificada. Y por la información que llega, de la impresión de que no se han hecho cargo de que se trata de Aldama”.
“Cuando uno le pide la identificación, todos sus compañeros trataron de protegerlo. Decían que no lo veían, que no estaba claro. Recién a partir de saber quiénes estaban en esa primera línea y solo un policía que sostiene que la contextura es la de Aldana, se encuentra la prueba suficiente para llamarlo a indagatoria”, contó.
En tanto, sobre el futuro de la causa, afirmó: “Hoy se espera que haga su declaración. Y corre un plazo de diez días, que el fuero federal suele no respetarlo, para dictar su situación. Si se dicta falta de mérito, cosa que es muy probable, o si dicta su procesamiento, en cuyo caso estaría en condiciones la causa de ser elevada a juicio”.
Pasados 251 días de la marcha y la dura represión, esto marca un gran contraste: “Hay muchas personas que ese 12 de marzo que se manifestaron y que siguen detenidas. Como los acusados de haber prendido fuego un patrullero. Dos fueron condenados con cumplimiento efectivo, pese a que una se ve claramente que no participan en la quema del vehículo. Pero quienes golpean a nuestros jubilados gozan de impunidad”.
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