Informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda
En el marco de la presentación de los memorandos de entendimiento del acuerdo con el FMI en el Congreso, es precisa una recapitulación de los sucesos que explican la vuelta al Fondo. Luego de la salida en el 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el modelo económico y de país que fue planteado desde el 2003 logró sostenerse durante los dos mandatos presidenciales siguientes. Sin embargo, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner el modelo se encontró con limitaciones estructurales vinculadas al sector externo y la disponibilidad de divisas. Esto se explica principalmente por el aumento de la demanda de insumos importados de la industria, el aumento de la demanda externa de energía heredada de la gestión hidrocarburífera privada, y el déficit turístico, entre otras. Llevando así a la imposición de restricciones en el atesoramiento de divisas para contener las presiones sobre las reservas internacionales y el nivel de actividad empleo e ingresos, contrariamente a la difundida idea del avance sobre el derecho individual. Desde el 2015, con la gestión del macrismo, el modelo neoliberal se ocupó de desregular la política cambiaria permitiendo el giro indiscriminado de divisas al exterior, a la vez que la desregulación comercial, financiera y de tarifas, con fuertes devaluaciones, propició el cierre de empresas y la destrucción y precarización de puestos de trabajo. La inviabilidad del modelo se puso de manifiesto con la vuelta al Fondo Monetario Internacional al asumir la deuda externa más grande que jamás ofreció el organismo en lo que fue un préstamo irresponsable y discrecional. Más aún, no tuvo más finalidad que la fuga de capitales, por lo que nunca se tradujo en un impulso de la economía real.
Si bien este acuerdo no reduce el capital a pagar y tampoco dice nada acerca del no pago de la sobretasa, se espera poder acumular reservas por U$S 5.000 millones para el 2022 al mismo tiempo que se llevan a cabo los requerimientos del programa. En un escenario donde se replique esta dinámica hasta el 2025, se lograría una acumulación de reservas por U$S 20.000. Los precios internacionales de las comodities del agro son un factor que podría favorecer este escenario hipotético de acumulación de reservas. Es preciso sin embargo considerar, que la incertidumbre y la volatilidad del estado actual de la macroeconomía ante cualquier shock exógeno, también puede significar una merma significativa en el principal ingreso de dólares.
El acuerdo de facilidades extendidas (EFF por sus siglas en inglés) que se está tratando, busca cubrir los vencimientos hasta el 2024 con nuevos desembolsos del Fondo. Es decir, se asume una nueva deuda por el monto que implican los pagos de los próximos dos años y se establece un plan de pagos de 4,5 a 10 años desde el momento que se realice cada nuevo desembolso. Se conforma así, un esquema de pagos más equilibrado que el acuerdo de stand by (SBA) del 2018, y se comenzaría a pagar en 2026 finalizando los pagos para el 2034. Concretamente, no hay una quita de capital ni de intereses en el nuevo acuerdo. El gobierno apunta a generar una ventana de tiempo que permita ordenar la macroeconomía y generar previsibilidad bajo la premisa de un esquema de pagos compatible con el crecimiento de la actividad que permita una moderada expansión en el gasto. De este modo, se espera robustecer la posición financiera nacional, recuperando el acceso al mercado voluntario de crédito.
El gobierno apunta a generar una ventana de tiempo que permita ordenar la macroeconomía y generar previsibilidad bajo la premisa de un esquema de pagos compatible con el crecimiento de la actividad que permita una moderada expansión en el gasto.
Las proyecciones de crecimiento para los próximos años son de entre 3,5% y 4,5% para el 2022, entre 2,5% y 3,5% para el 2023 y entre 2,5% y 3,0% para el 2024. Esto significaría que, en cualquiera de los escenarios propuestos, para el 2023 se estaría superando el nivel de actividad del 2017.
Al observar el objetivo del financiamiento neto en pesos del Banco central al tesoro, el Gobierno podría obtener hasta un 2% del PBI financiado por el BCRA de acuerdo con la Carta Orgánica. Sin embargo, el acuerdo sólo permitiría hacerlo por el 1% del PBI. Por otro lado, se espera que el financiamiento neto de los organismos multilaterales de crédito alcance el 0,4 puntos del PIB durante 2022-2024. Asimismo, se mantendrá una política de tasas reales positivas de referencia para incentivar las inversiones en pesos y se reducirán los instrumentos de corto plazo.
Leé la infografía completa de la UNDAV aquí: #InfografíaUNDAV - Nuevo programa con el FMI
