Lxs ministrxs de Desarrollo Social de seis provincias elaboraron un crítico informe sobre la situación social que atraviesa el país y le exigieron al Gobierno que contemple la declaración de la Emergencia Alimentaria. Los firmantes fueron funcionarios de Tucumán, La Rioja, San Juan, Salta, Santa Cruz y La Pampa, que se agrupan desde 2016 en la llamada Liga de Ministros de Desarrollo Social.
Tras el encuentro, los asistentes resaltaron que «la crisis política y económica actual, tiene su evidente repercusión en la cuestión social. De cualquier manera, sostenemos nuestra postura, en que no son los Ministerios de Desarrollo Social los que “resuelven” estas situaciones, sino los Modelos Económicos (y su ejecución) los que redundan e impactan verdaderamente en la cotidianeidad de lxs argentinxs».
Asimismo, manifestaron su preocupación «por el ajuste que viene impulsando el gobierno nacional, que recae, sobretodo y con más impacto, en los sectores más vulnerables de la población». “Los principales receptores de la demanda social, son las carteras a nuestro cargo. En este sentido, es necesario que todas las jurisdicciones puedan acceder a las mismas herramientas y programas sin discrecionalidad», añadieron.
Para lxs funcionarixs, «en contextos como el actual, es menester que los Ministerios de Desarrollo Social propicien redes de contención y ejecuten el gasto social de modo contracíclico con niveles de institucionalidad que eviten mayores daños».
Lxs ministrxs instaron a «reincidir en el pedido a las autoridades nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, en la necesidad de conformar e instituir una Mesa Nacional de Ministros de Desarrollo Social que redunde en Políticas Sociales más federales e inclusivas». Al mismo tiempo, dijeron que «ante la pérdida de la Seguridad Alimentaria y la heterogénea situación de las provincias para compensar esa situación con recursos propios, se solicita que el Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional».
Finalmente, llamaron a «instrumentar la actualización y sostenibilidad de los programas de transferencia monetaria para la protección y subsistencia de millones de familias vulnerables».
En la reunión participaron también la directora del Centro de Estudios de Ciudad de la UBA, Adriana Clemente, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, el director del Centro de Estudios Metropolitanos de la UMET, Matías Barroetaveña, el vicerrector de la Universidad Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, y el secretario de Ciencia y Técnica de La Matanza, Antonio Calicigno. A su vez, expusieron el diputado Daniel Arroyo y el economista Alfredo Zaiat.
