Empleadxs municipales de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, denunciaron que el intendente de Cambiemos, Julio Taritolay, no cumple con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que ordena reincorporarlos. En diciembre de 2015, el mismo día en que asumió, Taritolay despidió a 42 trabajadorxs municipales de planta permanente. Se les prohibió el ingreso al municipio sin ningún argumento legal, se les bloquearon sus haberes y les ocultaron los recibió de sueldo.
En septiembre de 2016, la Corte de Justicia de Catamarca declaró por unanimidad la nulidad del decreto y estableció un plazo de diez días para que la comuna reincorporara a lxs cesanteadxs. Sin embargo, el intendente Taritolay desoyó la orden judicial. “El intendente no nos reincorporó a nuestro trabajo. Este accionar nos produjo mucho daño. No solo no nos abona nuestro sustento mensual como sueldo, también nos priva de la obra social. Eso nos hizo mucho daño en nuestra salud. En algunos casos, aparecieron patologías graves, incluso la muerte como en el caso de Juan Eladio Liquín que fue privado de la obra social y de su sueldo a pesar de lo que dice la justicia”, afirmó Marta Reales, una de las despedidas. Juan Eladio Liquín fue encontrado muerto en junio de 2017 en su casa de El Peñon con un severo cuadro de anemia y depresión. A los 58 años luchaba junto a sus compañerxs para que el intendente Taritolay cumpla con la sentencia del máximo tribunal provincial.
Marta Reales denunció en los últimos días al intendente de Cambiemos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, daños y perjuicios y asociación ilícita. La mujer afirmó que está comprobado el despido ilegal sino también que el jefe comunal se quedó con sus ingresos.
