El coordinador nacional de laTupac Amaru, Alejandro Gafagnini y el abogado Luis Paz, patrocinados por Elizabeth Gómez Alcorta, denunciaron penalmente hoy a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad y violación a la ley de inteligencia. La presentación se realizó a raíz de las actividades ilegales de inteligencia que se llevaron adelante contra a organizaciones políticas y sociales que fueron reveladas esta semana por el periodista Mauro Federico. La causa quedó en manos del juez Claudio Bonadío. Por otra parte, en Jujuy, el diputado provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, Ariel Ruarte, también del equipo de abogados de Milagro Sala, presentó un proyecto de repudio a las actividades de Gendarmería realizando tareas de Inteligencia a los ciudadanos fuera del margen constitucional.
La denuncia presentada hoy en Comodoro Py fue formulada a partir de la documentación de un reporte denominado “Antecedentes del mes en la provincia de Jujuy” que abarca una serie de actividades llevadas adelante entre agosto y septiembre de 2016 por distintas organizaciones sociales. La información se centra en el cacerolazo a nivel nacional en “repudio a los tarifazos en los servicios básicos esenciales”. Asimismo, se detallan los lugares y los horarios de las concentraciones. En la denuncia también destacaron el informe sobre el acampe y la huelga de hambre que realizó en Plaza de Mayo la organización Tupac Amaru, en reclamo del inmediato cese de la incomunicación -ilegal- que sufría entonces Milagro Sala, además de mencionar los informes sobre una convocatoria realizada por el Frente de Izquierda y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que viajaron a Jujuy a fin de tomar conocimiento y denuncias de diversos hechos de violencia institucional en Jujuy,
“Esta documentación pone de manifiesto que, desde esferas de poder estatal, de algunas de las fuerzas de seguridad, Gendarmería posiblemente, se llevan adelante actos de espionaje ilegal, dirigido centralmente contra organizaciones sociales y políticas, evidenciando una clara política de persecución contra dirigentes y referentes de aquellas”, señaló Elizabeth Gómez Alcorta la abogada patrocinante de los denunciantes.
“La ley es muy clara respecto a las competencias que tiene la Agencia Federal de Inteligencia y establece que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos de personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, o comunitarias, entre otras”.
Desde la Tupac Amaru denunciaron además que estas tareas ilegales de inteligencia están directamente ligadas a la persecución política que se inició a partir de la asunción del nuevo gobierno tanto a nivel provincial como nacional tanto a Milagro Sala en particular como a los integrantes de la organización barrial en general.