Por Cynthia García y Pablo Di Pierri
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial demolió en su décimo quinto dictamen los argumentos de impunidad del Poder Judicial argentino, frente a las visitas que los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky hicieran al ex presidente Mauricio Macri en Casa Rosada y la Residencia de Olivos.
A través de un documento de 11 páginas, subdividido en 50 puntos, la Comisión analiza si tiene implicaciones éticas la conducta de altos magistrados penales que frecuentan socialmente al Primer Mandatario en reiteradas oportunidades mientras en sus órganos jurisdiccionales se sustancian causas donde se investigaba el desempeño de altos funcionarios del gobierno, sin apartarse de las mismas y rehusando tal posibilidad.
El material al que accedió La García es la respuesta a la consulta elevada por una jueza de la Casación, máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema y presidido, aunque usted no lo crea, por el propio Hornos hasta el año pasado. Su sucesor en el cargo, el juez Alejandro Slokar, suscribió un oficio contra los togados amigos de Macri y dijo, antes de asumir la Presidencia de la Casación: “Consideré imperioso no callar, porque se comprometía la situación del conjunto. Y en más de una oportunidad señalé que no soy juez de jueces, ya que ello quedó en manos de magistrados a cargo de la investigación y del propio Consejo de la Magistratura”.
Si bien la Comisión Iberoamericana “no tiene competencia para resolver cuestiones individuales ni interferir en el debate político ni en las actuaciones de los órganos disciplinarios o éticos de los miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana”, su dictamen podrá animar la voluntad de los consejeros de la Magistratura para reimpulsar el trámite disciplinario contra Hornos y Borinsky.
Claro que el Consejo de la Magistratura ha sido capturado por la Corte Suprema mediante la declaración de inconstitucionalidad de la composición vigente desde 2005 y que su titular es el mismísimo Horacio Rosatti, presidente de la Corte que volteó esa ley.
La importancia del pronunciamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial es tanto o más crucial que la recusación que tramitan las defensas de los acusados en la causa Vialidad contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, tras conocerse las fotos donde lucen vestimenta deportiva como miembros de un equipo de fútbol que competía en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.
Esto es así porque Hornos y Borinsky son miembros de la Sala IV de Casación Penal, junto a Guillermo Yacobucci. Y en ese tribunal tramitan las apelaciones que hagan las defensas sobre lo que resuelva el TOF Nº 2, presidido por Giménez Uriburu y animado por las coucheadas intervenciones de Luciani.
Volviendo al informe de la Comisión, en su punto 28 asevera que “las reuniones de jueces y responsables políticos pueden afectar a la separación de poderes como principio básico del Estado de Derecho por lo que, tal como se ha visto, algunos ordenamientos constitucionales y legales en Iberoamérica prohíben este tipo de actos y los someten a autorización y pueden tener consecuencias disciplinarias para quien incumplan tales normas. Remember Borinsky jugando al paddle con Macri.
El punto 38 del mismo documento, y recordemos que esta consulta fue elevada por una magistrada de la Casación, dice que “para los supuestos en que se vea comprometida la imparcialidad existe la obligación legal y ética del juez de abstenerse o de admitir la recusación que se le formule por las partes. En este supuesto no hay duda que el trato con una de las partes implicadas en el proceso, con anterioridad o con mayor razón al mismo tiempo que se están desarrollando, determina la inhabilidad legal y ética del juez de seguir conociendo del asunto”.
La conclusión de este pronunciamiento llega en el punto 50. “No resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado”, dice la Comisión.
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