En Tierra del Fuego aún se mantienen en vigencia los edictos policiales con los que, según la Corte Suprema, «se habilita un auténtico sistema penal subterráneo, que institucionaliza privaciones ilegítimas de libertad, al amparo del aparato estatal, que a su vez, abren la llave a otras gravísimas violaciones a derechos fundamentales”.
En ese contexto, organizaciones sociales, denunciaron la detención “arbitraria, ilegal e inconstitucional” de dos jóvenes en Ushuaia por parte de la policía provincial. Según indicó la Multisectorial de Derechos Humanos de la provincia, el 19 de mayo dos chicos que salían de bailar fueron detenidos en la Plaza Islas Malvinas. Después fueron trasladados a la Comisaría 4ta. sin ningún tipo de explicación, donde fueron interrogados. Allí pasaron la noche, con bajas temperaturas y sin abrigo. Al día siguiente fueron obligados a limpiar los calabozos.
“Llegaron tres autos y una camioneta, descendieron unos diez agentes que rodearon a los dos jóvenes. Uno de ellos, Damián, es arrojado al piso y esposado. El otro, Julián, pregunta el motivo de la detención a su compañero y le contestan que se calle y muestre su DNI. Cuando saca su billetera para mostrar el documento un agente lo empuja desde atrás golpeando su rostro contra el mural”, denunciaron desde la Multisectorial.
Además indicaron que “en la comisaría no había ni una silla, una cama o un abrigo y ahí tuvieron que pernoctar hasta el otro día, pasando frío, incomunicados temerosos, sin que sus familias supieran donde estaban, sin que un Fiscal o un Juez ni ninguna autoridad del sistema judicial tomase intervención”.
Desde la organización denunciaron que este tipo de violencia policial es posible por la vigencia de los edictos policiales, que datan de 1959 en Tierra del Fuego. “Con estos edictos, la policía provincial realiza detenciones arbitrarias sobretodo en la población más jóven. Estas personas quedan detenidas bajo la tutela de un comisario sin la intervención de un juez, sin la garantía del debido proceso y violando el principio del estado de democrático constitucional”, indicó Miguel Herrera, miembro de la multisectorial.
“Habilitan un sistema penal subalterno que institucionaliza la privación ilegítima de la libertad”, agregó Herrera.
