El veredicto del primer juicio contra Milagro Sala se conocerá el 28 de diciembre

«No puedo dejar de comenzar este alegato refiriendo que hace 15 años, un día como hoy, nuestro país estaba en estado de sitio debido a las jornadas que se vivieron los días 19 y 20 de diciembre, siendo ellas las más dramáticas de nuestra reciente democracia», dijo Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Milagro Sala, al inicio de su alegato. Pocas horas antes la policía jujeña había reprimido en las inmediaciones del tribunal a diputados nacionales y otros militantes a quienes les negaron el ingreso al juicio oral y público que comenzaría minutos después. La foto de uno de los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales ahorcando a la diputada nacional Mayra Mendoza en las tierras de la unión y la paz del gobernador Morales en pocos minutos recorrería el mundo. En ese contexto, la defensora de la diputada del Parlasur reclamó que el actual gobernador inició siete años atrás este “vergonzoso” proceso con el objetivo de criminalizar la protesta social.

En el mismo sentido que lo hizo luego la abogada Paula Álvarez Carreras, también defensora de la dirigente social y querellante en los juicios de lesa humanidad en la provincia, Gómez Alcorta reclamó: “Este proceso es una vergüenza para el Poder Judicial de la Nación. Que con el nivel de litigiosidad que existe en el país y que ante hechos de gravedad que deben esperar años y hasta décadas para alcanzar la instancia del juicio oral, como por ejemplo las causas por hechos vinculados al Terrorismo de Estado que tiene en Jujuy genocidas responsables de crímenes contra la humanidad sin ser juzgados, estemos en este debate por el capricho de un funcionario público que se obsesiona, casi patológicamente, con una dirigente social es escandaloso”, expresó.

En las más de dos horas que duró el alegato, la defensa de Milagro Sala fue desarmando minuciosamente cada una de las conjeturas y generalidades en las que tanto la querella como la fiscalía argumentaron su acusación contra la dirigente social como instigadora de daños y amenazas, y contra Graciela López y Gustavo Salvatierra como los autores materiales. A diferencia de los otros, fue con fundamentos, recorriendo cada una de las pruebas presentadas tanto en la etapa de instrucción como a lo largo del debate y justificando cada uno de los planteos con el texto de la ley, la doctrina y la jurisprudencia.

En primer lugar Gómez Alcorta pidió la prescripción de las acciones que se le imputan a Milagro Sala. Luego, y respecto al daño que se produjo en el edificio en el que se desarrollaron los sucesos que tanto la fiscalía como la querella pidieron que sea “agravado” por considerar que se trata de un espacio de “uso público”, la defensa de Milagro Sala señaló que, tal como lo establecen los especialistas en el tema y citando distintos fallos, esa categoría corresponde “cuando el daño se produce en diferentes lugares cuyos bienes son de uso público, esto es, destinados al servicio de todos; o cuando se trata de bienes que siendo del Estado, públicos o privados, o de particulares, están entregados al uso y goce del público en general”. También explicó pedagógicamente que no es un bien de uso público un edificio o un vehículo público, salvo si estuviera entregado a la utilización por el público, como en el caso de un hospital, de una escuela o un palacio de justicia. En ese marco, la defensa argumentó que durante el debate solo se escuchó a la presidenta del Consejo Profesional explicar que se llevaban adelante conferencias a las que el público en general podía asistir. “Tal como hemos visto en el informe que ya forma parte de la causa, se tratan de unas pocas charlas al año, lo que no puede convertir el edificio en un lugar de uso público, porque en tres o cuatro ocasiones al año la gente pueda ir a una charla que dura dos horas”, indicó la abogada.

Por otra parte, y en cuanto a las supuestas amenazas, que durante todo el proceso fueron calificadas como simples y que este mismo tribunal había considerado como prescriptas en mayo de este año, al momento de la acusación, una vez más, tanto el querellante como la fiscalía coincidieron en sus alegatos y hablaron de “amenazas agravadas”. Fue entonces cuando la defensa explicó: “no pueden cambiar la calificación en este momento del juicio porque si no estarían acusando a los imputados por unos hechos por los cuales no se los juzgó durante siete años”. A su vez la abogada indicó que la defensa demostró que no se logró una prueba contundente respecto de la autoría de López y de Salvatierra en relación a ese tipo penal.

Otro de los puntos fuertes de la argumentación fue René Arellano, único testigo de cargo contra Milagro Sala. Tanto la fiscalía como la querella habían dicho que no hubo variaciones en su testimonio entre la etapa de instrucción y su declaración durante el debate, y que tampoco había marcado diferencias con los dichos de su esposa, Cristina Noemí Chauque. Sin embargo Gómez Alcorta recorrió distintos pasajes de las declaraciones de ambos, mostrando en cada una de ellas las significativas diferencias. Y fue contundente: “Quedó absolutamente demostrado que mintió en muchísimas ocasiones y que la gran mayoría de las mentiras estaban vinculadas a su relación con Gerardo Morales siendo la ultima, pero una más de todas ellas, que se encuentra trabajando en la gobernación con una categoría 24”. Esta última prueba fue incorporada recién ayer, tras una presentación de la defensa de un informe que corroboraba que esta persona “presentada como un pobre hombre” efectivamente trabajaba para el gobierno. Durante su declaración testimonial, la abogada Paula Álvarez Carreras le preguntó si alguna vez trabajó para el Estado respondió. “-No, nunca”. “-¿Nunca?, le repreguntaron. “Si, alguna vez, como chofer”, dijo entonces. “Quizás la querella no leyó bien el informe”, señaló Gómez Alcorta, en relación a la respuesta al oficio enviado por el Tribunal a partir de la presentación realizada el lunes por la defensora y a través del cual le requirieron a la Dirección de Personal del Gobierno de Jujuy y a la Contaduría de la Provincia que señalaran si Arellano trabaja en esa dependencia. “La categoría 24 es una de las más altas y la tiene Arellano, que en esta sala dijo que no sabe leer ni escribir. Hoy trabaja con Gerardo Morales. Mejor dicho, hoy le paga un sueldo Gerardo Morales”.

Tras remarcar cada una de las incongruencias en el relato, las contradicciones con su esposa, los informes de la policía provincial y federal que lo custodió durante meses y que están acreditados en el expediente y según los cuales Arellano vendía estupefacientes en un lavadero y portaba armas en forma ilegal, aún cuando estaba delante de agentes de las fuerzas de seguridad y después de demostrar, también a través de informes presentados por la empresa telefónica y acreditados en la causa que el hombre en ese momento también tenía línea directa y comunicaciones a altas horas de la noche con políticos influyentes de la provincia, entre ellos un abogado que hoy es embajador en Bolivia, y que recibió llamadas de la casa de Gobierno, dijo Gómez Alcorta: “Todo esto, sumado al hecho que ni más ni menos fue un testigo traído por la propia querella, quien, como ya dijimos, tuvo desde el primer minuto de transcurrir los hechos en miras de responsabilizar a Milagro Sala, y no existiendo, fuera de Arellano y Chauque ni una sola prueba de su supuesta intervención, debe ser tachado de parcial y se requerirá la extracción de testimonios por la posible comisión del delito de falso testimonio”.

“Es imposible imputarle la instigación a Milagro, más allá de que no están probados ni siquiera los hechos por los que se la acusa en virtud de que, en todo caso, lo que estarían diciendo es que se instigó a Chauque y a Arellano, quienes reconocieron, y lo hizo también la fiscalía y la querella, que no fueron a la protesta. Por lo tanto no pueden haber instigado, no pudieron determinar a nadie y a los únicos que así lo hicieron, no llevaron adelante el hecho. Por eso pedimos la absolución de Milagro Sala”, señaló Gómez Alcorta

La abogada, por último, sostuvo que la causa se inscribe en la criminalización de la protesta y la estigmatización a las organizaciones sociales que el contador a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy promueve desde hace años. En ese sentido, y tal como se acreditó a lo largo de todo el debate, el proceso en curso se generó a partir del momento en que “Morales se creó, construyó una historia y que nadie más pudo corroborar. Entendió en el mismo momento que le tiraban los huevos las razones de aquella manifestación en su contra. También quien la había ideado y organizado. Luego no solo denunció los hechos, sino que se presentó como querellante, presentó al único testigo que cuenta su historia, promovió el cambio de calificación para que los hechos nos prescriban, se opuso a la suspensión del juicio a prueba, recurrió en casación la prescripción de las supuestas amenazas dictadas por este mismo Tribunal. Morales, tal como dijo Milagro Sala en su indagatoria, sentía rencor hacia su persona y desde entonces la persigue y todo lo que aquí señalamos lo demuestra”.

Pasadas las dos de la madrugada, el Presidente del Tribunal consideró “las altas horas de la noche y que mañana tenemos audiencia” como excusa para no dictar el veredicto tras la lectura de los alegatos. La defensa cuestionó la decisión e indicó que tras la instancia que concluía se debía dictar inmediatamente después la resolución el Tribunal. “En los juicios orales hay algo que se llama principio de inmediación, que quiere decir que las audiencias tienen que ser sucesivas porque los jueces del tribunal tienen que llevarse el impacto de lo sucedido en la audiencia. Y el impacto que han tenido nuestros alegatos ha sido absolutamente contundente. La postergación por el simple hecho de que mañana tienen audiencia es ridícula. Lo cierto es que todos nosotros mañana también trabajamos. Sin embargo a nosotros no nos pag

a el Estado, sino que tenemos que cubrir nuestras propias cuentas, y lo cierto es que estamos acá después de siete años. Y la demora de los cinco días me parece un exceso. También le hice saber al tribunal que Milagro va a pasar estas fiestas en la cárcel y que implica una mortificación sostener seis días más la incertidumbre sobre si este juicio termina en una sentencia condenatoria o en una absolución”, expresó Alcorta. Pero una vez más, el pedido debidamente justificado fue desoído por Juárez Almaráz quien inició un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles por la tarde, en un horario aún no confirmado.