Ayer la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad la “Ley Micaela” que establece que funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado deberán recibir una capacitación obligatoria en materia de género.
El proyecto que lleva el nombre de Micaela García, la joven militante del Movimiento Evita asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, contó el voto de los 59 senadorxs que componen la cámara alta.
Según la iniciativa impulsada por la diputada chaqueña de Frente Para la Victora, Analia Quiroga Rach, las capacitaciones deberán iniciarse dentro del primer año de vigencia de la ley y cada organismo estatal deberá definir la modalidad. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) será la autoridad de aplicación de la norma y deberá certificar la calidad de esas capacitaciones.
Además, en todos los organismos del Estado, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género. También se armarán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, siguiendo la normativa establecida por «las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país».
