El Presidente exige a la Corte Suprema negarle al Ciudadano velar por sus Derechos.
Desde que los Tarifazos empezaron a castigar la vida de todos los argentinos, con aumentos brutales sin consenso ni previo aviso que van del 700% al 2800% en Luz y Gas, el Estado Argentino recibió más del 30.000 Amparos exigiendo la nulidad de los aumentos, denunciando procedimientos inconstitucionales, y prohibiendo el corte de los servicios ante la imposibilidad del pago.
Algunos jueces han dado lugar a esos Amparos, poco a poco muchas provincias lo van logrando, gracias mas al esfuerzo legal, en paz e institucionalizado del ciudadano por defender sus derechos que por el actuar coherente de representantes y de la misma Justicia.
Cuando la semana pasada el Gobierno esbozó la intención de “apelar” los Amparos, las críticas masivas no se hicieron esperar. Numerosos Legisladores han pedido la Interpelación al Ministro de Energía, así como también explicaciones sobre la compra (cambio de proveedor) de gas, y un contrato con cláusulas secretas y abogados internacionales que intentaría pasar por encima de nuestra Constitución, dejando al pueblo a merced de decisiones meramente mercantiles y extranjeras. Todas estas medidas no se comprenden dentro de un marco democrático, con leyes que prevén procesos legislativos para estas decisiones. Nunca podríamos en democracia aceptar decisiones de este calibre desde UN Ministerio, de manera unilateral. En un titular algún diario la semana pasada comentaba que el mismo Presidente le exigía explicaciones a Aranguren. Pero hoy es el Presidente el que exige a la Corte Suprema dejar sin efecto los más de 30.000 amparos presentados desde todas las ciudades del país.
¿Qué sucedería si la Corte Suprema accede al pedido del Presidente?
Sería un hecho sin precedentes, donde se estaría negando cualquier instancia intermedia de diálogo, de negociación y de Amparo de manera tal que el Pueblo quedaría definitivamente librado a su propia suerte. Sería sin ninguna duda el FIN DE LAS INSTITUCIONES.
Es decir, un Gobierno que impone medidas extorsivas y no conforme con eso intenta bloquear todo tipo de defensa de derechos por parte del ciudadano.
El ciudadano siempre desea la Paz Social, es el principal actor de esta convivencia y nunca busca malestar para sí ni para sus hijos. Queda claro que el ciudadano argentino está agotando sus recursos judiciales para defenderse de su propio Gobierno… Queda claro que la intención es obligar a personas comunes y corrientes a reclamar de otras maneras, ya que es el mismo Gobierno y sería la misma Justicia quienes no cumplen con la Constitución.
Solo le falta al pueblo escuchar de sus propios representantes, luego de tantas barbaridades y groserías dichas como si de una cuestión casera se tratara, esta ironía:- “¿Qué es esa fantasía de tener una Constitución que defienda sus derechos?”.
Firma: Ciudadanos auto convocados de San Carlos de Bariloche en Defensa de sus Derechos.
Yo advierto que el Poder Judicial como la Fiscalía no actúan de oficio ante tantas injusticias que Macri le está imponiendo al Pueblo.Lo mismo digo de los legisladores (Diputados y Senadores)que no salen a imponer el orden legal que corresponde, ante la prepotencia del Gobierno-De esa forma Macri se constituye con poder omnímodo.-En qué País vivimos y la Constitución que dice???
Este texto dice en un punto «Todas estas medidas no se comprenden dentro de un marco democrático» y ahí está la clave, si entendemos la democracia como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes, estamos en condiciones de decir que Argentina no tiene actualmente un gobierno democrático. En todo caso tiene un gobierno que, utilizando las estructuras democráticas de los partidos políticos y las elecciones, ha logrado encaramarse en el poder; un descuido que a los argentinos ya nos está costando muy caro.
Totalmente de acuerdo con ambos comentarios de Héctor y Luani, estamos en una Dictadura democrática, aunque parezca contradictorio
Ricardo CHELI