El Gobierno Nacional apeló el fallo de la jueza Adriana Cammarata, que la semana pasada instó a restituir las pensiones no contributivas por invalidez, y publicó en el Boletín Oficial una resolución que aquellos a quienes se les quitó la pensión tendrán 10 días para revalidarla ante la ANSES. Según los organismos que defienden a las personas con discapacidad, las requisitorias del organismo previsional tiene tientes «restrictivos» y es «inconstitucional» porque se basa en un decreto de 1997, previo a la adhesión de la Argentina a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, se enviará una notificación a aquellas personas que se considera que no tienen que contar con las prestaciones, en base al cuestionado decreto 432/97. De esta forma, indican, se cumplirá en forma desagregada con el recorte de 170 mil pensiones, que se había intentado poner en práctica el año pasado.
En declaraciones consignadas por el diario Página/12, la abogada Vanina Suleiman resaltó que el decreto en el que se basa la decisión gubernamental «se dejó de aplicar durante el gobierno kirchnerista porque se flexibilizaron en los hechos las condiciones para otorgar la pensión. Ese decreto es inconstitucional».
«Para seguir resistiendo la obligación de restituir aquellas pensiones recortadas sin debido proceso, ahora le dan envoltura formalmente legal a un ataque contra los derechos fundamentales en su parte más débil. Las personas que son vulnerables en cuanto al acceso a la justicia, porque se enfrentan a barreras sociales, culturales, económicas o geográficas, tendrán muy difícil la tarea de presentar su descargo», agregó.
La semana pasada, la jueza Adriana Cammarata había calificado de “lesiva, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas” la quita de las pensiones.
