Amnistía Internacional presentó el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018, un análisis de 159 países entre los que se encuentra Argentina. El reporte expresa una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión en nuestro país.
Hace hincapié en las detenciones indiscriminadas y muertes, como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, que tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales. “
Además hace referencia a las manifestaciones a lo largo del año en las que se registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente. “En Argentina, la policía detuvo de manera arbitraria a más de 30 personas en la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación tras la muerte del activista Santiago Maldonado. En diciembre se empleó fuerza excesiva contra manifestantes que participaban en protestas multitudinarias en Buenos Aires contra reformas promovidas por el gobierno”, sostiene el informe.
“En la concentración por el Día Internacional de la Mujer varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo”, detalla.
También se hace referencia al aborto no punible: “Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal cuando el embarazo suponía un riesgo para su salud o era consecuencia de una violación; la despenalización total del aborto estaba pendiente en el Congreso”
Además mencionan la desobediencia del Estado argentino en el caso Milagro Sala: “No se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista Milagro Sala. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que Argentina brindara a Milagro Sala la posibilidad de cumplir arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión. Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales”, indica el informe.
